Cifras publicadas por el Ministerio de Salud Pública parecen indicar que República Dominicana inició con buen pie el Plan Nacional de Vacunación, a juzgar por el rápido incremento en el número de inoculados. Desde los primeros días del proceso se hizo evidente que el país superaría la velocidad de ejecución de otros países de América Latina. Transcurridas tres semanas, se habían vacunado unas 660,000 personas, alrededor de 6.0% de la población dominicana, concentrando los esfuerzos en los adultos mayores de setenta años y en el personal médico, militar y educativo.
La moderación en el ritmo diario de vacunación que siguió a esta febril implementación no se debió a la desidia del gobierno. Fue más bien el resultado de los problemas que han presentado algunas de las grandes farmacéuticas a nivel global para satisfacer la demanda de vacunas, particularmente en los países en desarrollo. Es más, la celeridad con que el gobierno ejecutó el programa de vacunación en esas primeras semanas es de una eficiencia destacable a nivel global. Muestra de ello es que al cierre de la pasada semana solo Chile, Israel y Estados Unidos estaban siguiendo procesos más acelerados de vacunación diaria que el que se estaba llevando a cabo en República Dominicana.[1]
No obstante el éxito indiscutible en esta fase inicial, llama la atención que durante esas primeras semanas de vigencia del plan el número de casos reportados de COVID-19 como proporción de las pruebas realizadas parece no ceder. Incluso, si se estima un promedio móvil de siete días de la relación diaria casos reportados/pruebas realizadas se observa un incremento en la última semana desde un mínimo de 13.8% a casi 17.0%. En total, desde que comenzó el plan de vacunación se han registrado unos 15,500 nuevos casos de coronavirus, creciendo el número de infectados de 230,563 a 246,045.
Aunque estos números resultarían sorprendentes para quienes esperaban un rápido retorno a la normalidad como consecuencia de la vacunación, podrían ser lo esperado para un economista conocedor de las teorías de las decisiones bajo incertidumbre y de la economía de la información. Para este profesional de la economía lo que muestran los datos no es más que la materialización de un problema de riesgo moral, común por demás en temas relacionados con la economía de la salud.
Existe riesgo moral cuando una persona recibe algún tipo de protección contra una contingencia determinada y dicha protección reduce los incentivos que antes tenía para evitar o prevenir el riesgo cubierto. Esta idea, introducida en la teoría económica hace casi seis décadas por una de las mentes brillantes de la profesión, el economista norteamericano y ganador del Premio Nobel, Kenneth Arrow, fue concebida para explicar cómo los mercados con ciertos niveles de riesgo e incertidumbre, como el mercado de los seguros, tienden a presentar fallas relacionadas con incentivos perversos que se generan en contratos comerciales pobremente diseñados.
Un ejemplo clásico es cuando la adquisición de un seguro médico reduce el costo financiero de una potencial enfermedad y lleva al dueño de la póliza a asumir una conducta festiva digamos, fumando, bebiendo, fiestando o prescindiendo del ejercicio físico, actividades todas que van en detrimento de su salud. Ehrlich y Becker (1972) identificaron este problema con el nombre de riesgo moral ex ante para diferenciarlo del riesgo moral ex post que el propio Arrow había asociado a los efectos positivos que la adquisición de un seguro de salud parece tener sobre la demanda de servicios médicos.
En el caso que nos ocupa, la vacuna, se trata de un problema de riesgo moral ex ante. La inoculación ofrece a quien la recibe una especie de “seguro contra la enfermedad”, disminuyendo la probabilidad y el costo de contraerla. Al hacerlo, reduce el incentivo que tenía la persona vacunada o su entorno social de tomar acciones para prevenir o evitar la enfermedad. Después de todo, estas acciones resultaban costosas para quien las realizara, tanto en lo financiero como en lo personal.
Aunque no se puede afirmar con total certeza que la asociación malsana que se ha observado entre la vacunación y la relación casos reportados/pruebas realizadas sea un producto exclusivo del problema de riesgo moral, no es descabellado pensar que ante el rápido avance del plan de vacunación importantes segmentos de la población dominicana hayan decidido salir a la calle ignorando cualquier recomendación de confinamiento o de distanciamiento social. Asimismo, por las mismas razones, otros grupos sociales hayan resuelto prescindir de la “molestosa mascarilla” o descuidar las diversas medidas de higiene orientadas a inactivar el virus.
A medida que el tiempo transcurra, los números dirán si ese patrón de conducta comenzará a mostrar cambios en otra dirección. Ojalá así sea. Sin embargo, la teoría económica recomienda para casos de riesgo moral como el aquí descrito la adopción de políticas que modifiquen los incentivos que promueven las conductas riesgosas que pueden exacerbar el problema que se quiere solucionar. Se trata fundamentalmente de medidas que aumenten los costos de las inconductas o que corrijan el problema de falta de información que comúnmente genera el riesgo moral.
En la literatura abundan ejemplos de políticas orientadas a aumentar el costo de las inconductas. Es por esta razón y no por otra, que las aseguradoras imponen algún tipo de copago o deducible al asegurado en caso de que se materialice el evento cubierto. También existe una amplia muestra de medidas orientadas a corregir problemas de información. Estas son las famosas “señales al mercado” como las garantías que ofrece un vendedor de autos usados para demostrar que está vendiendo un producto de calidad (Akerloff, 1978) o el nivel educativo que muestra un trabajador en su resumé para indicar a su empleador la calidad potencial de sus servicios laborales (Spence, 1978).
Al margen de la lógica de estas políticas, en el caso del plan de vacunación dominicano, y aquí podría estar la falla de un proceso que de otra manera habría sido impoluto, el gobierno tomó medidas que indirectamente redujeron el costo de las conductas riesgosas y exacerbaron el problema de información en torno a la enfermedad. Específicamente, casi al mismo tiempo que dio inicio al plan de vacunación, se flexibilizaron las medidas de aislamiento social, disminuyendo el tiempo de vigencia del toque de queda y aumentando la cantidad de horas correspondientes al periodo de libre circulación que sigue al cierre de los negocios.
Al hacer esto, por un lado, se le dio a la sociedad la información de que bajar la guardia contra el coronavirus era una opción viable en el marco del proceso de vacunación; por el otro, se incrementó el costo del aislamiento social o lo que es lo mismo, se generaron incentivos para que un segmento de la sociedad asumiera conductas riesgosas como salir a la calle e incrementar los niveles de socialización.
Así, quizás sin intención, se tomaron medidas que fueron en contra de lo que hubiesen sugerido los múltiples nobeles asociados a la teoría de la asimetría de la información, particularmente a los temas de riesgo moral. Queda por verse, si más temprano que tarde tendremos que desandar este camino e intensificar de nuevo las medidas de aislamiento. Esperemos que no.
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[1] El dato se refiere al promedio móvil de siete días del número de dosis de vacunas administradas por cada 100 habitantes de la población total del país. Ver https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-vaccination-doses-per-capita, información publicada en página web mantenida por investigadores de la Universidad de Oxford.
Referencias:
- Akerlof, G. A. (1978). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. In Uncertainty in economics(pp. 235-251). Academic Press.
- Arrow, K. J. (1968). The economics of moral hazard: further comment. The American Economic Review, 58(3), 537-539.
- Arrow, K. J. (1978). Uncertainty and the welfare economics of medical care. Uncertainty in economics, 345-375
- Arnott, R. J., & Stiglitz, J. E. (1988). The basic analytics of moral hazard.
- Ehrlich, I., & Becker, G. S. (1972). Market insurance, self-insurance, and self-protection. Journal of political Economy, 80(4), 623-648.
- Pauly, M. V. (1968). The economics of moral hazard: comment. The american economic review, 58(3), 531-537.
- Spence, M. (1978). Job market signaling. In Uncertainty in economics(pp. 281-306). Academic Press.
- Stiglitz, J. E. (1983). Risk, incentives and insurance: The pure theory of moral hazard. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 8(1), 4-33.
