Desde la segunda mitad del siglo XX, la garantía de derechos y la promoción de la inclusión social han estado en las agendas de los hacedores de políticas públicas. La inclusión social es un proceso multidimensional, el cual se define como el derecho que tienen las personas al acceso a educación, vivienda, salud, infraestructura básica e ingresos (CEPAL, 2018). Aunque algunos autores sostienen que el concepto de exclusión social se remonta a Max Weber, economista político y sociólogo alemán de finales de los siglos XIX y XX, el uso moderno del término surgió en Francia para describir a aquellos que estaban excluidos del sistema de seguridad social (Lenoir, 1974).
En ese sentido, una de las herramientas más utilizadas para combatir este flagelo son los programas sociales, definidos como un instrumento de políticas públicas a través de los cuales los gobiernos buscan aliviar las carencias o reforzar las capacidades de la población (Quispe, 2017), para ello se busca satisfacer determinadas demandas y necesidades de los hogares garantizando así sus derechos y promoviendo la inclusión social de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva teórica, es evidente que, en la función de utilidad de la teoría neoclásica, los niveles de utilidad de los individuos incrementan con mayores niveles de ingresos. En ese tenor, en su libro A Theory of Justice (Rawls, 1971) indica que la imposibilidad de cubrir necesidades básicas crea desigualdad, la cual tiene efectos desfavorables sobre el bienestar.
De forma específica, los programas de protección social dependiendo de su diseño y objetivo, tienen como finalidad no solo contribuir a mejorar los ingresos de las familias beneficiadas, sino también promover de manera directa e indirecta, el acceso a los servicios sociales, así como, fomentar la posibilidad de un trabajo decente y mejorar su calidad de vida. Partiendo de esto, existen diversos tipos de programas que persiguen dar cumplimiento a los referidos objetivos.
Las transferencias condicionadas se concentran en poner recursos económicos y no económicos a disposición de las familias que viven en condición de pobreza o pobreza extrema, bajo el acuerdo de que estos cumplan ciertas condiciones dirigidas a su mejoramiento. De acuerdo con la teoría económica neoclásica, las transferencias monetarias disminuyen marginalmente la oferta laboral y pueden generar incentivos perversos. Sin embargo, en las economías en desarrollo o emergentes este supuesto no se cumple del todo, debido a que, los recursos económicos otorgados por lo regular tienden a ser bajos y no serían suficientes por sí solos para cubrir las necesidades básicas requeridas.
El comportamiento de los indicadores sociales y económicos durante el año 2020 responde en gran medida a las repercusiones de la pandemia y a las medidas impuestas por los gobiernos para frenar la propagación del coronavirus. Dentro de estas medidas se encuentran estímulos monetarios y fiscales dirigidos a reactivar la producción y el consumo. En este contexto, se evidenció una disminución de los ingresos fiscales derivado de las erogaciones realizadas para la implementación de programas sociales adicionales a los ya existentes, diseñados para reducir los efectos de la pandemia.
En el caso dominicano, para mitigar los efectos derivados de la pandemia sobre los segmentos más vulnerables de la población, fueron diseñados los programas sociales económicos “Quédate en casa”, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’Ti). En ese sentido, con estos programas se logró mitigar el aumento de la pobreza general en 7.3 puntos porcentuales y que 752,395 dominicanos no cayeran en condición de pobreza monetaria[1]. De manera particular, se destaca que el programa “Quédate en casa”, el cual en principio estuvo destinado a los beneficiarios de “comer es primero” escaló al resto de los subsidios tales como el incentivo a la asistencia escolar, Bono Luz o Bono Gas.
El programa “Quédate en casa”, el cual tuvo como objetivo mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia y estaba dirigido a los trabajadores informales de menores ingresos y familias en condiciones de vulnerabilidad, llegó a más de 1.5 millones de hogares en donde el 80% de los receptores de dicho subsidio fueron mujeres. Esto último guarda relación con la caída de los empleos en el servicio doméstico, el cual presentó una caída significativa para el segundo trimestre del año 2020 del 31.10% en comparación con ese mismo trimestre del año 2019. En términos absolutos, esta reducción se corresponde con la pérdida de 84,461 empleos, de los cuales el 81.5% correspondían a mujeres y un 18.5% a los hombres.
Tal y como se observa en la gráfica 1, el valor entregado en el programa “Quédate en casa” asciende a RD$86 mil millones, el cual contó con más de 1.5 millones de beneficiarios. Asimismo, los montos otorgados a través del programa del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) contó con 190,375 beneficiarios y el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’Ti) con 942,359, los cuales ascendieron a RD$7 mil millones y RD$50 mil millones, respectivamente.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, los programas sociales son una herramienta de implementación de las políticas públicas a través de las cuales, los gobiernos buscan transformar la vida de las familias garantizando sus derechos y promoviendo la inclusión social de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Los programas implementados sirvieron de soporte para mitigar el choque de ingreso de los hogares producto de la pérdida de empleos y la reducción de la actividad económica, ambos derivados de los efectos de la pandemia en la economía real. En ese sentido, es innegable que los programas sociales son herramientas para garantizar el acceso a servicios y necesidades básicas, sin embargo, tal y como establece la teoría económica, su diseño e implementación deben considerar mecanismos que eviten la generación de incentivos perversos, los cuales desvíen los objetivos y finalidades iniciales.
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[1] Covid-19 bajo la Lupa, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 2020.
Referencias:
- Abramo, L., & Cecchini, S. C. (2019). Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.
- CEPAL, C. E. (2018). Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama Social de América Latina, LC/PUB.2019/3P. Santiago, 2019.
- Dominicana, B. C. (2020). Informe de la economía dominicana, enero-diciembre 2020. Santo Domingo, Distrito Nacional: Banco Central de la República Dominicana.
- Ministerio de Economía, P. y. (2020). COVID-19 BAJO LA LUPA; Efectos de la COVID-19 en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo. Análisis de los programas de mitigación. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
- Quispe, M. R. (2017). Impacto de los programas sociales en la disminución de la pobreza. Pensamiento crítico.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University.
