-Por Oscar Iván Pascual Vásquez y Jhan Ortega
Ante la casi inminencia de una población, en promedio, más vieja y, más importante aún, las amenazas reales e inventadas de la automatización, la inteligencia artificial y la robótica, cada vez más se vislumbra la posibilidad, e incluso la necesidad, de que los gobiernos otorguen a todos sus ciudadanos un ingreso básico que les permita cubrir al menos sus necesidades más elementales. Para algunos, se trata de una respuesta inevitable a un futuro en el que el trabajo humano será menos necesario. Para otros, constituye una peligrosa invitación al ocio, al populismo fiscal, la concentración del poder estatal y a la ruptura del vínculo entre esfuerzo, producción e ingreso.
En dos entregas anteriores de esta columna planteamos que una de las posibles respuestas a la que denominamos la “catástrofe malthusiana inversa” —es decir, al envejecimiento poblacional, la caída de la fertilidad y la eventual escasez relativa de mano de obra— era la automatización de los trabajos manuales e intelectuales. Si las máquinas, los algoritmos y los robots sustituyen parcial o totalmente a los trabajadores, la economía podría producir más bienes y servicios con menos (o incluso cero) horas de trabajo humano. El problema es que esa solución tecnológica, que en principio luce conveniente, abre una pregunta distributiva de primer orden: ¿Qué sucede si la producción sigue aumentando, pero una proporción cada vez menor o nula del ingreso generado llega a los hogares a través de salarios?
Ese es, quizás, el punto más importante de la discusión. El ingreso básico universal (IBU) no es únicamente producto de una visión caritativa ni una ocurrencia de académicos con exceso de imaginación. Surge, más bien, como una posible respuesta a una transformación profunda del circuito económico, modelizado por los economistas en el diagrama de flujo circular (figura 1).
En este modelo tradicional, las empresas contratan trabajadores, los trabajadores reciben salarios a cambio de su mano de obra, parte de ese ingreso es gastado en los mismos bienes y servicios que producen y venden las mismas empresas, el Estado recauda impuestos a la producción y al consumo, gasta e invierte una parte en bienes y servicios públicos y el ciclo vuelve a iniciar. Pero si una parte creciente de la producción se realiza con menos (o nulo) trabajo humano, y si los beneficios de esa productividad se concentran principal o totalmente en los dueños del capital, el flujo circular del ingreso se debilita o desaparece.
El ingreso básico universal, en su versión más pura, consiste en una transferencia periódica, individual, en efectivo, universal e incondicional del gobierno a los individuos. Esto significa que se entrega con cierta frecuencia —mensual, trimestral o anual—, a cada persona y no necesariamente a cada hogar (para garantizar la autonomía individual), sin importar si trabaja o no, sin prueba de medios, sin obligación de buscar empleo, sin contraprestación laboral y sin restricciones sobre el uso de los recursos. Estas características lo diferencian de los programas tradicionales de asistencia social focalizada, que generalmente dependen del nivel de ingreso, del número de hijos, de la asistencia escolar, de la condición laboral o de algún otro criterio de elegibilidad.
Aunque en años recientes el concepto ha ganado popularidad por el avance de la inteligencia artificial y la automatización, sus raíces intelectuales son mucho más antiguas. De manera embrionaria, la idea aparece en discusiones filosóficas sobre el derecho de todo ser humano a una porción mínima de los frutos de la tierra o de la comunidad política. En distintas épocas, pensadores de orientaciones ideológicas muy diferentes han defendido versiones parciales de esta propuesta: unos como instrumento de justicia social, otros como mecanismo de simplificación del Estado de bienestar, otros como dividendo ciudadano derivado de la propiedad colectiva de ciertos recursos naturales y otros como forma de preservar la estabilidad política ante cambios tecnológicos disruptivos.
En la práctica, sin embargo, casi ningún país ha implementado un ingreso básico universal pleno, permanente y suficiente para cubrir todas las necesidades básicas de la población. Lo que sí existe es una variedad de experimentos, programas parciales o mecanismos cercanos. Alaska, por ejemplo, distribuye desde hace décadas un dividendo anual financiado con los rendimientos de un fondo soberano alimentado por ingresos petroleros. No se trata de un ingreso suficiente para vivir, ni de una transferencia mensual garantizada, pero sí de una experiencia relevante porque reconoce que los ciudadanos pueden recibir una parte directa de la renta generada por un recurso común.
Otro caso ampliamente citado es el experimento de Finlandia, implementado entre 2017 y 2018, mediante el cual un grupo de desempleados recibió una transferencia mensual incondicional. Los resultados fueron mixtos. El programa no produjo un aumento significativo del empleo en su primera etapa, pero sí se observaron mejoras en indicadores de bienestar subjetivo, salud mental, confianza y percepción de seguridad económica. Este resultado es importante porque desmonta dos caricaturas frecuentes: por un lado, la idea de que una transferencia incondicional necesariamente incrementará el empleo al eliminar la trampa de pobreza y las barreras burocráticas; por el otro, la afirmación de que sólo sirve para desincentivar el trabajo.
También han existido experimentos o programas cercanos en Canadá, Namibia, India, Kenia, algunas ciudades de Estados Unidos y varios países europeos. En general, la evidencia disponible sugiere que las transferencias monetarias incondicionales pueden reducir estrés financiero, mejorar la salud, aumentar la capacidad de planificación de los hogares y suavizar choques de ingreso. Sin embargo, la evidencia también es limitada. Muchos programas son de pequeña escala, duran poco tiempo, se concentran en poblaciones vulnerables y no permiten observar con claridad qué ocurriría si el beneficio fuese verdaderamente universal, permanente y financiado con impuestos generales.
La propuesta del IBU no está libre de detractores. Falk y Tsoukalas (2026) argumentan que las externalidades generadas por la automatización no pueden ser completamente corregidas por impuestos a los ingresos del capital, negociación privada al estilo Coase ni por el IBU. En su lugar proponen impuestos piguvianos que minimicen los costos de la automatización sobre las firmas y los trabajadores.
En la siguiente entrega se analizará cómo cambia el flujo circular de la economía cuando se tiene automatización total con y sin IBU y los principales problemas que este esquema presenta.
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