Educación, Competencia y Compromiso Social (I de III)
Los principales problemas del sector educativo dominicano son ampliamente conocidos: la mayoría de los estudiantes que reciben enseñanza pública son afectados por un bajo nivel de instrucción, horas efectivas de enseñanza muy bajas, escaso nivel de formación de los maestros, e instalaciones inadecuadas para la enseñanza. Dada nuestra realidad, las preguntas que nos concierne son si los ciudadanos, a través del financiamiento provisto al Estado, deben preocuparse por resolver estos problemas y cuál es la vía más efectiva de resolverlos. Este artículo intenta responder ambas preguntas desde la óptica de la ciencia económica.
Desde el punto de vista económico—específicamente, de las finanzas públicas—la intervención del Estado en el sistema educativo se justifica por la presencia de externalidades y el paternalismo estatal. Proveer un mínimo de escolaridad formal, conocimientos cívicos y formación en valores comúnmente aceptados contribuye a la cohesión social y al sostenimiento de una sociedad democrática moderna; es decir, la educación de tu hijo contribuye al bienestar de los demás (externalidad positiva) debido a que promueve una sociedad democrática estable. Sin embargo, el beneficio que adquiere la sociedad en conjunto de la educación de un individuo se reduce a medida que aumentan los años de escolaridad y especialización que recibe esta persona, ya que en una sociedad capitalista de mercado los individuos son capaces de individualizar en mayor medida los beneficios otorgados por un mayor nivel de escolaridad. Por otro lado, el gobierno puede jugar un rol paternalístico en la educación de un niño, provisto que los padres sostengan una aptitud “irresponsable”. Al igual que en el caso de las externalidades, el rol paternal del Estado en la educación va perdiendo justificación según el individuo se desarrolla.
Ahora, una vez que los individuos han decidido a través de un proceso democrático establecer instituciones para proveer escolaridad formal, la pregunta en cuestión es ¿cuál es la vía más efectiva, desde el punto de vista económico, de ofrecer educación a niños y jóvenes dominicanos.
Cuando el gobierno decide incentivar una actividad puede hacerlo mediante un subsidio a la producción (oferta) o mediante un subsidio al consumo (demanda). En el sistema educativo dominicano, el Estado provee un subsidio de oferta: construye los centros y planteles escolares, provee de insumos, libros y material educativo a los estudiantes, y contrata la mano de obra en forma de pagos de sueldos a los maestros. Además, el Estado refuerza su rol paternal regulando y supervisando el contenido de la enseñanza de los estudiantes. Este mecanismo presenta serias ineficiencias, en comparación con el subsidio de demanda, ya que genera una serie de distorsiones e incentivos perversos en los agentes que interactúan en el sistema (funcionarios públicos, maestros, padres, y estudiantes), las cuales emergen como consecuencia de la eliminación del sistema de precios y del sistema de competencia.
En un sistema de subsidios directos de demanda (por ejemplo, un programa de cupones) los padres recibirían un pago directo (cupón), de monto equivalente al costo de la educación del niño en la escuela pública, que podría ser canjeado por servicios educativos en centros públicos o privados determinados por el Estado. El empleo de cupones es la forma más indicada de mejorar la calidad del sistema educativo público dominicano debido al incremento del control y de la responsabilidad de los padres sobre la educación de los hijos, la creación de competencia en el sistema educativo, el fomento de la integración social y cultural, y la reducción de la burocracia estatal.
