Multinacionales, elusión fiscal y la alianza OCDE/G-20

Multinacionales, elusión fiscal y la alianza OCDE/G-20

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), actualmente existen unas 50.000 empresas multinacionales, las cuales cuentan con 450.000 filiales a nivel mundial y emplean a más de 200 millones de personas [1]. La influencia de estas empresas se pude vislumbrar en casi todas las actividades económicas y comerciales, tales como industria, comercio, servicios y negocios. Para Teece (1986) una empresa multinacional es una firma que controla y gestiona centros de producción ubicados en, al menos, dos países [2]. Por lo tanto, se trata de una empresa que no concentra su capacidad de producción en un solo país, modalidad renombrada a partir de la década de los noventa como deslocalización o fragmentación productiva internacional.

Las empresas multinacionales, como toda empresa compuesta por capital privado, tienen como objetivo principal maximizar el capital invertido por sus accionistas para otorgarles una mayor rentabilidad por el mismo. Con el objetivo de lograr este propósito, las empresas multinacionales vienen adoptando desde la década de los años 60 y 70 una serie de estrategias financieras y técnicas contables conocidas como “precios de trasferencia” y más recientemente “ingeniera fiscal”, orientadas a desviar beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación.

Esta práctica consiste en transferir los costos productivos u operativos a países de alta tributación y concentrar los beneficios en los países en donde el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades sean más bajos. Estas operaciones son denominadas por una serie de Estados como erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Pablo Pardo, autor del artículo “Coto a la Elusión Fiscal Internacional” [3], señala que esta técnica funciona particularmente bien en las empresas donde la clave son los intangibles, entre los que destaca: servicios profesionales, internet, farmacéuticas, generadoras de patentes u otras formas de propiedad intelectual en las cuales distintas subsidiarias se vende entre sí.

Las pérdidas anuales ocasionadas por BEPS estimadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) oscilan entre el 4% y 10% de la recaudación global sobre el impuesto de sociedades; es decir, entre 100 y 240 mil millones de dólares estadounidenses. Para los países de renta baja el impacto potencial derivado de esta BEPS es mucho más severo, ya que este impuesto representa una proporción mayor dentro del total de sus recaudaciones fiscales. El ratio impuestos/PIB (presión tributaria) en los países de renta baja oscila entre el 10 % y el 20 %, mientras que en los OCDE está entre el 30% y el 40%.

Con el objetivo de contrarrestar las enormes pérdidas que suponen BEPS para el fisco de los países OCDE y del G20, ambas organizaciones desde 2013 vienen revisando las normas de fiscalidad internacional adoptadas en los últimos 50 años y crearon el “Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” [4]. El proyecto BEPS consta de 15 acciones que han de ser acatadas por los más de 60 Estados que están colaborando a favor de esta iniciativa, cuyas disposiciones fueron consensuadas recientemente en la reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada el 8 de octubre de 2015 en Lima, Perú.

Entre los compromisos asumidos, los Estados estarán obligados a informar sobre acuerdos orientados a concederles a las multinacionales ventajas fiscales conocidas como tax ruling para evitar situaciones como el escándalo Luxleaks destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Luxemburgo, quienes denunciaron los acuerdos secretos llevados a cabo por el Gobierno con 340 multinacionales durante el periodo 2000-2010. Entre las multinacionales señaladas se encuentran Volkswagen, Vodafone, Ikea, Louis Vuitton, Gazprom, Accenture, Apple, Pepsi, Heinz, Amazon y Pepsi.

Esquemas de tax ruling parecidos al de Luxemburgo pueden encontrase en otros países europeos como Holanda e Irlanda. En el caso particular de Irlanda, país que cuenta con una reducida tasa de impuesto sobre sociedades 12.5%, a partir de enero de 2016 entrara en vigor la nueva banda fiscal limitada al 6.5%, la cual será aplicada a aquellos activos sujetos a derecho de propiedad intelectual y productos que cuenten con una patente registrada. El Ministro de Finanzas irlandés Michael Nooman adelantó que la disposición estará acorde con los compromisos asumidos al respecto ante la OCDE.

Como hemos podido constatar, paradójicamente los países que ofrecen arreglos fiscales más atractivos a las empresas multinacionales, así como las propias multinacionales, son precisamente de países miembros de la OCDE/G20. En este sentido, si los países que pertenecen a estas organizaciones tienen la voluntad real de resolver el problema de los BEPS, podrán lograrlo sin duda alguna, ya que las 500 principales multinacionales del mundo aparecen en el ranking como nacionales de algunos de sus países, aunque no sea así para reportar el grueso de los beneficios que obtienen en el exterior.

Referencias:

• Organización Internacional del Trabajo (OIT) http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/multinational-enterprises/lang–es/index.htm
• Teece, D. J. (1986). Transactions cost economics and the multinational enterprise An Assessment. Journal of Economic Behavior & Organization, 7(1), 21-45.
• Artículo “Coto a la Elusión Fiscal Internacional” por Pablo Pardo, Suplemento Económico del Periódico El Mundo. Edición domingo 25 de octubre 2015.
• “Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”.