¿Cómo determinar el salario de los maestros?

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”

William Arthur Ward

Existe un consenso en la sociedad dominicana de que el salario de los maestros de escuela pública (en lo adelante maestros) es muy bajo. Este argumento, en general, es sustentado mediante la comparación del salario base por tanda de los maestros en educación básica, de RD$8,872 pesos en 2012, con respecto al valor de la canasta básica de bienes y servicios que consume un hogar promedio dominicano, estimado a diciembre de 2010 en RD$23,398.58 pesos. El costo de la canasta familiar es aún superior al salario por tanda de los maestros luego de aplicar los incentivos por grado académico, evaluaciones de desempeño, y tiempo en el servicio, ya que dicho salario podría llegar aproximadamente hasta RD$23,000 pesos con dos tandas, para un maestro con al menos 15 años de ejercicio profesional (para detalles, ver Alonso Rijo, “Maestros siempre han devengado salarios muy bajos”, El Caribe, 18 de marzo de 2013). A pesar de esto, la sociedad dominicana aún no llega a un consenso sobre cuál debe ser el salario “adecuado” de los docentes de las escuelas públicas. En este artículo discutiremos las razones de la dificultad de llegar a un consenso salarial, y cómo podríamos resolver los problemas que presenta el esquema actual de establecimiento de salarios entre maestros y las autoridades gubernamentales.

En cualquier profesión, el establecimiento del salario en el mercado privado competitivo surge a partir de las negociaciones realizadas entre el contratante y el contratado. Específicamente, el contratante observa la cualificación del contratado (nivel de preparación, experiencia, etc.) y trata de ofertar un salario que este en función a la productividad del trabajador. A medida que pasa el tiempo, se pueden realizan ajustes en estos salarios acordes a las variaciones de la productividad del individuo. De existir una discrepancia significativa entre la productividad y el salario acordado, el trabajador (empleador) tendrá la opción de renunciar (despedir) y terminar con el contrato de trabajo establecido. La dificultad de establecer el salario adecuado a los profesores de escuelas públicas surge por la inexistencia de un mercado que opere para la demanda y contratación de maestros, lo que elimina la operación del mecanismo de precios.

Actualmente, el salario de los maestros se determina por negociaciones entre dirigentes del sindicato de maestros y representantes del gobierno. Estas negociaciones pactan un salario base (o estándar) similar para todos los maestros dentro de su nivel de enseñanza (básica, media, y técnico profesional) y que puede variar de forma individual acorde a los incentivos anteriormente mencionados. Esta forma de establecimiento de salarios tiene una serie de problemas que afectan la eficiencia y calidad de la enseñanza debido a que genera una serie de incentivos perversos para los maestros y directores de planteles educacionales.

Establecer niveles de salarios de forma generalizada perjudica a los maestros más competentes y capacitados al recibir salarios por debajo de su productividad, y favorece a los docentes menos productivos al devengar salarios por encima de sobre su competencia. Es posible argumentar que, dado el bajo nivel de salarios existente, son muy pocos los maestros que podrían estar devengando por encima de sus capacidades. Sin embargo, a medida que aumenta el salario en base a negociaciones generalizadas, estas distorsiones irán en aumento. Adicionalmente, el sistema de aumentos de salarios generalizados desincentiva al docente a realizar un mejor trabajo ya que el mismo recibiría la misma retribución sin importar el esfuerzo.

Dado que las mejoras salariales dependen mucho del tiempo y no tanto de la productividad y las capacidades, los maestros no tienen incentivos a especializarse en la enseñanza de ciencias exactas o materias que requieren un alto nivel de intelecto y dedicación, como las matemáticas, física, o química. Esto provoca una carencia de buenos profesores en las materias ¨difíciles¨ y que el gobierno se vea en la necesidad de actuar para corregir el déficit de maestros especializados.

Estos problemas podrían resolverse otorgándoles el poder de contratación y negociación individual de salarios a los directores de escuelas públicas. Además de que observan la productividad de cada maestro, los directores de los planteles son las personas responsables de velar que el centro educativo opere dentro de un marco de calidad y eficiencia, y son quienes pueden monitorear diariamente el desenvolvimiento de profesores y alumnos. Con la libertad de contratación, los directores de escuelas tienen la posibilidad de atraer los maestros más adecuados y despedir aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos del centro, lo que les permite corregir inmediatamente cualquier distorsión que afecte el desempeño y calidad de la enseñanza.

Actualmente, todas las escuelas públicas constan con un presupuesto, que no es más que el costo de operación del centro más el salario devengado por los empleados del centro, el cual se espera que vaya en aumento a través del tiempo. Por tanto, la cuestión fundamental que planteamos se trata de establecer quién y cómo se hace uso de los recursos designados.

Para que esto funcione es necesario involucrar a los padres de los estudiantes dentro del proceso. La labor de los directores de las escuelas debe de estar supervisada y debe responder a los requerimientos de los padres de los estudiantes, ya que estos son los más interesados en que el centro educativo opere adecuadamente. De esta forma, los directores tendrán el incentivo adecuado de realizar un uso eficiente de los recursos que maneje el centro de enseñanza.

La falta de consenso sobre el salario que debe devengar un maestro provoca innecesarias interrupciones de la enseñanza pública que sólo perjudica a los estudiantes de nuestras escuelas. Al momento, hace aproximadamente un mes que se suspendieron las clases y, aunque las autoridades puedan llegar a un acuerdo, nada garantiza que este ciclo de luchas e interrupciones se siga repitiendo indefinidamente a través del tiempo. Por eso, es tiempo de pensar en otras alternativas que mejoren los problemas del sistema educativo dominicano mediante la combinación de la importante labor del estado de financiar y supervisar la educación nacional junto con el aumento del rol que deben jugar los padres dentro del sistema.