La Ley, el Orden y las Armas

La Ley, el Orden y las Armas

Los tiroteos masivos contra civiles desarmados se han convertido en noticia recurrente en los Estados Unidos (EEUU). Las infames matanzas en Columbine, Aurora, Newtown, Virginia Tech y San Bernardino, para solo mencionar algunas, se añaden a la horrible lista de episodios de violencia perpetrados incluso contra niños indefensos. Según el portal gunviolencearchive.org, solo en 2015 se reportaron 330 tiroteos masivos en territorio estadounidense. Una cantidad escandalosa para cualquier nación, sobre todo para la primera potencia del mundo. El alto número de armas de fuego en poder de la población civil es comúnmente señalado como una de las causantes del problema.

Como es de esperarse, la Economía como ciencia no ha estado ajena a este tema. Ya muchos economistas han contribuido a su estudio y planteado soluciones alternativas. Por un lado, investigadores como Mark Duggan, Philip Cook y Jens Ludwig, entre otros, encuentran que una mayor tenencia de armas está relacionada con altos niveles de delincuencia, particularmente de homicidios. En otras palabras “más armas implican más crimen”.[i] Desde esta perspectiva, el marco institucional vigente en EEUU debe ser modificado para limitar el acceso a armas de fuego y, de ser posible, desarmar a la población civil para reducir las muertes por esta causa.

En el otro extremo, economistas de tendencia más conservadora, entre los que se encuentran John Lott y John Whitley, sostienen que la tenencia de armas disminuye la ocurrencia de delitos ya que permite que las potenciales víctimas puedan defenderse.[ii] Plantean además que el sostenido aumento de la tenencia de armas en EEUU, Suiza, Nueva Zelandia, Finlandia e Israel ha incidido en la caída que han experimentado las tasas de criminalidad en esos países. Por ende, el marco institucional vigente no debe ser modificado a menos que sea para ampliar los derechos y el acceso a armas por parte de la población. Está claro que para este segmento de economistas “más armas implican menos crimen”.

Ciertamente la tenencia de armas es un elemento impregnado de la cultura estadounidense, sustentada en el ideal de libertad individual y el derecho a la protección personal establecido en la constitución. Actualmente EEUU es el país con mayor cantidad de armas en manos de civiles en el mundo. Según cifras de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se estima que su número superó los 357 millones en 2015. Muchos señalan a esa facilidad de acceso a armas de fuego amparada por la ley, como el “caldo de cultivo” detrás de la continua ocurrencia de actos de violencia de gran escala.

Por tal razón, durante años el debate se ha concentrado en modificar el marco institucional para endurecer las leyes relacionadas con la tenencia y porte de armas de fuego, considerando que EEUU continúa siendo el país desarrollado con la mayor incidencia de actos de violencia contra civiles. Países como Australia y el Reino Unido promulgaron leyes más severas relacionadas al porte y tenencia de armas como respuesta a tragedias similares. En Japón, por ejemplo, donde prácticamente está prohibida toda tenencia de armas, las muertes “a balazos” han sido virtualmente eliminadas.

Y es que, a pesar del amplio arraigo de la tenencia de armas en la psiquis del “americano”, un cambio en el marco institucional en un país donde se respetan y se hacen cumplir las leyes, tiene la fuerza suficiente para impulsar una modificación de la cultura y el modus operandi de la población en el largo plazo. La eliminación de las denominadas “Leyes Jim Crow” que reforzaban la segregación racial y la enmienda constitucional para otorgar igualdad a las mujeres, son ejemplos del poder que ha tenido el respeto a la ley para producir transformaciones importantes en la sociedad estadounidense, a pesar de que todavía quedan temas pendientes.

Por esta razón, en sociedades donde la institucionalidad es débil y el “imperio de la ley” es selectivo y coyuntural, las leyes que regulan la comercialización y el uso de armas de fuego tienen poca efectividad y la proliferación de armas ilegales en un elemento característico. En América Latina, por ejemplo, las debilidades en la aplicación de las leyes impiden detener la proliferación de armas ilegales en la región.

Brasil y México lideran América Latina en número de armas de fuego con alrededor de 15 millones en cada caso, de las cuales se estima más de la mitad son ilegales. Asimismo, en Centroamérica la publicación Small Arms Survey del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Génova, Suiza señala que dos de cada tres de las 4.2 millones de armas en la región son ilegales. La Organización de Estado Americanos considera esta situación como una de las causas principales detrás del aumento de la violencia y la criminalidad en la mayoría de los países de Latinoamérica, lo cual atenta contra la posibilidad de aplicar políticas para hacer frente al crimen organizado.

En República Dominicana, es evidente que la proliferación del uso de armas de fuego está relacionada al creciente número de atracos y robos, así como a los casos de violencia relacionadas con el narcotráfico, los feminicidios y los problemas de tránsito, entre otros. La consternación generada por los más recientes casos de violencia ha reintroducido la discusión sobre nuevas leyes que permitan lograr el desarme total de la población civil.

Sin embargo, desarmar a la población plantea un reto difícil para el Estado, ya que a pesar de la percepción colectiva de que existe una gran cantidad de armas de fuego en el país, a diciembre de 2014 el Ministerio de Interior y Policía apenas poseía un registro cercano a las 227,000 armas. Esta cifra indicaría que menos del 3% de la población tiene permiso para portar armas legalmente, lo cual es una muestra clara de que la República Dominicana no está ajena a la problemática regional con respecto a las armas ilegales.

Por consiguiente, modificar la Ley 36-65 que regula el comercio, porte y tenencia de armas de fuego con el objetivo de desarmar a la población civil la convertirían en letra muerta. Por un lado, resultará difícil que el puñado de portadores legales esté dispuesto a entregar sus armas para quedarse indefensos ante la delincuencia y la violencia. De igual manera, pretender desarmar a quienes poseen armas de manera ilegal sería sólo una quimera.

Entiendo que el problema no está en desarmar a la población, ni en promulgar nuevas leyes. La clave está en trabajar para fortalecer nuestra débil capacidad de respetar y hacer cumplir el marco institucional vigente. De poco servirán cambios drásticos en las “ramas”, si no trabajamos en la “raíz” del problema: la arraigada cultura de irrespeto a la ley que prevalece en nuestro país.

El respeto a la ley y el desempeño económico están íntimamente relacionados. Así lo afirmó el laureado economista Douglass North, quien definió a las instituciones como el conjunto de reglas de juego y restricciones que condicionan la interacción de los individuos en la sociedad.[iii] Asimismo, los prestigiosos economistas Daron Acemoglu y James Robinson aseguran que la diferencia entre las naciones ricas y pobres no está en la cultura, el clima o los recursos naturales que poseen, sino en la estructura y fortaleza de sus instituciones.[iv]

En la práctica, ningún marco institucional es perfecto. Sin embargo, la evidencia social y económica indica que el respeto a un marco institucional bien diseñado, contribuye al crecimiento y eleva el bienestar colectivo. La fortaleza de las instituciones y su credibilidad ante la sociedad es fundamental para evitar el caos y garantizar la eficiencia, aún en temas tan delicados como la tenencia y porte de armas de fuego entre la población civil de cualquier país.

La República Dominicana posee un extenso y complejo marco institucional. Prácticamente la totalidad de las actividades sociales, políticas y económicas se encuentran ampliamente reguladas. Lo que falla en nuestro país, así como en el resto de la región, es la aplicación correcta, a tiempo y sin excepciones de la ley. Ciertamente, el desarme puede ejercerse en ambientes controlados: oficinas gubernamentales, edificios de apartamentos, lugares de entretenimiento, centros educativos, etc. Sin embargo, a menos que fortalezcamos nuestra capacidad de hacer cumplir las leyes, cualquier legislación que procure un desarme total sería simplemente “una ley más” y cualquier intento de aplicación sería un fracaso.

Una sociedad próspera no es el resultado de la cantidad de leyes y regulaciones que posee, sino del estricto cumplimiento de un marco institucional que los ciudadanos puedan entender y sea aplicado de forma racional y eficiente. La ley y el orden deben imponerse a las armas, cuando ocurre lo contrario el resultado es ineficiencia y caos.

Referencias:

• [i] Duggan, M. (2001). More Guns, More Crime. Journal of Political Economy.Vol. 109, No. 5 (October 2001), pp. 1086-1114
• Cook, P. & Ludwig, J. (2006). Aiming for evidence-based gun policy. Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 25, No. 3, 691–735 (2006)
• [ii] Lott, J. (1998). More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun Control Laws. Chicago: University of Chicago Press.
• Lott, J. &. Whitley, J. (2000). Safe Storage Gun Laws: Accidental Deaths, Suicides, and Crime. Yale Law School, Law & Economics Working Paper No. 237
• [iii] North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
• [iv] Acemoglu, D. & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. 1st ed. New York: Crown.